
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido hoy la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), máximo órgano asesor del Gobierno en la materia, para compartir los avances realizados hasta la fecha en asuntos como la restauración fluvial, la gestión del dominio público hidráulico o la evaluación de la Ley de Responsabilidad medioambiental, entre otros asuntos.
Así, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el CAMA ha presentado la actualización de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, una herramienta clave para minimizar los daños que causan las inundaciones en España y dar cumplimiento a los objetivos de la planificación hidrológica. La Estrategia también es uno de los elementos esenciales del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Esta revisión está enfocada en la restauración y reconexión de los ríos españoles y fija el objetivo de devolver el buen estado a 3.000 kilómetros de río entre 2022 y 2030. Para ello, se prevé una inversión hasta 2030 de 2.500 millones de euros, de los cuales unos 1.700 serán para actuaciones directas por parte del MITECO; 400 millones para colaborar con otras administraciones y otros 400 millones para el seguimiento del estado de las masas de agua, la mejora del conocimiento científico, la lucha contra especies invasoras y el fomento de la participación pública y el voluntariado.
Hasta el momento, a partir de la Estrategia vigente, se han ejecutado ya más de 80 proyectos de restauración fluvial que han permitido, por ejemplo, mejorar la continuidad fluvial de los ríos españoles mediante la demolición de 621 azudes y presas obsoletas y la construcción de 574 pasos para peces.
Al tiempo que se somete a informe del CAMA, el MITECO ha puesto la Estrategia en información pública para que, quienes lo deseen, puedan enviar comentarios hasta el 16 de diciembre de 2022. Posteriormente, esta Estrategia será aprobada en Consejo de Ministros e implantada a través de las distintas Administraciones.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
Por otro lado, el CAMA también ha abordado el proyecto de Real Decreto que permite modificar el reglamento del dominio público hidráulico y actualizar así sus disposiciones para lograr la mejor regulación de su protección, utilización y gestión.
Entre otros aspectos, se eliminan todas las referencias a la obligatoriedad de presentación en la tramitación de documentación en papel y se fomenta la tramitación por declaración responsable de múltiples pequeñas actuaciones en los entornos fluviales. También se realizan mejoras en el texto en materia de cartografía de dominio público y zonas inundables.
Para garantizar una mayor protección de las aguas subterráneas, las disposiciones se adaptan a la normativa europea a partir de la aprobación de la Directiva Marco del Agua, y a la mejora en el conocimiento sobre hidrogeología y los cambios producidos en la actividad agraria e industrial.
El texto de este proyecto fue sometido a información pública durante el mes de agosto de 2022 y ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua en octubre de 2022.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Por otra parte, se ha evaluado “muy positivamente” la ejecución de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental en el periodo 2019-2021, si bien desde el Ministerio se sigue trabajando para impulsar aquellas medidas que permitan mejorar la aplicación de esta.
Entre los logros alcanzados, destaca la aprobación de la Orden TEC/1023/2019, que estableció la fecha de exigencia de garantía financiera para los “operadores de prioridad 3”. En este grupo se integran sectores y subsectores vinculados a algunas actividades de la industria agroalimentaria, tratamiento de aguas residuales o de residuos, producción y transformación de metales, fundiciones de minerales o fabricación de ciertos productos químicos orgánicos e inorgánicos, entre otros.
Asimismo, se ha continuado apoyando a los sectores para desarrollar sus análisis de riesgos sectoriales. Y en particular se han financiado el desarrollo de dos análisis de riesgos para el sector avícola y porcino, y se han evaluado un total de 14 presentados por distintas asociaciones empresariales.
En la vertiente de reparación, se han tramitado 19 expedientes de exigencia de responsabilidad medioambiental entre 2019 y 2021, que afectaron fundamentalmente a actividades de fabricación, utilización y transporte de sustancias peligrosas, de gestión de residuos y de prevención y control integrados de la contaminación.
Finalmente, destaca la labor de formación y de divulgación realizada, especialmente la publicación en 2019 del "Documento guía sobre la aplicación de la normativa de responsabilidad medioambiental en España".